Privatización Bomberos Diputación de León

Como respuesta a las declaraciones del alcalde de León, Antonio Silván, desde la PBPCYL le queremos recordar que el parque comarcal de bomberos de León que ,por desgracia, se va a poner en marcha impulsado por el Presidente de la Diputación de León , El Sr. Martínez Majo, no va a ser “eficaz ni efectivo” porque estará muy lejos de conseguir el efecto esperado dado que la gestión será indirecta(privada) aunque haya nueve funcionarios públicos tutelando las acciones de los 75 bomberos privados (según ley se denominan correctamente como colaboradores de empresa privada, ya que en Castilla y León no existe la figura de bombero privado) que tengan que actuar en las futuras intervenciones que ocurran en la Provincia de León.

Para argumentar la ineficacia de este modelo le queremos recordar al Sr.Antonio Silván:

PRIMERO.- Que el bien jurídico de los Bomberos es el derecho a la vida y a la integridad física garantizado en el artículo 15 de la Constitución Española y configurado como objeto de especial protección por parte de los poderes públicos.

SEGUNDO.-Conforme al reparto competencial expresado en los artículos 149.1.29 y 149.1.22 de la Constitución Española y en el art.25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. o, directamente por el artículo 25.2.c) de la Ley de Bases de Régimen Local se deriva explícitamente que la extinción de incendios es competencia pública.

TERCERO.-La pérdida de condición de empleados públicos de los Bomberos acarrea las siguientes consecuencias:

1.-Pérdida de su condición de empleados públicos a efectos de protección del artículo 24.2 del Código penal.

2.-Exclusión del cuerpo de Bomberos de todos los tipos de penales en los que se hace mención expresa a los funcionarios públicos.

3.-Pérdida de autoridad en el ámbito civil y administrativo. Sería como adjudicar a una empresa privada el servicio de Policía, algo impensable para todos, como debiera ser impensable para el servicio de Bomberos.

CUARTA.-Por ejercer su labor en situaciones de riesgo en la que la rapidez es un factor esencial, necesitan de una jerarquía bien estructurada que fomente la cooperación y la coordinación, lo que difícilmente puede promoverse entre las empresas privadas, que como tales tienen un interés pecuniario ya que están regidas por principios distintos a los poderes públicos, susceptibles de concesiones o de su gestión mediante sociedades filiales.

QUINTA.-Al no pertenecer a la Administración, no es aplicable la responsabilidad civil objetiva.

SEXTA.-El cambio de estatus jurídico del colectivo de Bomberos puede implicar una reducción de la eficacia del servicio y un menoscabo de las garantías de seguridad para los ciudadanos.

SÉPTIMA.-La situación jurídica analizada aconseja que la prestación del servicio de Bomberos sea realizada desde la actuación pública, por personal profesional sometido al derecho público.

“Los bomberos constituyen un servicio esencial, conforme a Ley, por lo que es fundamental mantenerlo en todo momento de interés público”.

Antes de rebatir lo que comenta el alcalde de León, Antonio Silván, sobre el supuesto “ahorro” que supone la gestión indirecta (privada: para ganar dinero) queremos recordarle que la entrada en un domicilio sin el consentimiento expreso del titular, salvo caso de flagrante delito, supone según el art. 204 del Código Penal sobre el allanamiento de morada, un delito, conforme también se expresa en el art. 18 de la Constitución Española. Situación que no se daría si los 75 bomberos privados (colaboradores de empresa privada) que trabajarán en el parque comarcal de León fueran bomberos profesionales con la garantía que da el ser funcionarios de carrera y, por lo tanto, agentes de la autoridad; lo cual no se cumple para la casuística de los bomberos privados (colaboradores de empresa privada).

En cuanto al supuesto ahorro de dinero público que supondría el funcionamiento de este parque comarcal de León, queremos recordar a la ciudadanía y, por ende, también al Sr. Antonio Silván, que no es cierto, ya que los 4 millones de euros que costará a las arcas públicas es similar al coste que la Diputación de Valladolid tiene para una red de 5 parques públicos con 97 efectivos y, 97 es un número mayor que 75 si las matemáticas no nos fallan.

La gestión directa del Servicio esencial de Bomberos (pública: sin ganar dinero) que realiza la Diputación de Valladolid, que cuenta con una red de 5 parques públicos con 97 bomberos profesionales públicos (funcionarios de carrera) perfectamente distribuidos por la provincia en función de las isócronas de tiempo de respuesta. Y como no hay nada mejor que argumentar lo que se expresa y, más en los medios de comunicación, invitamos, al Sr Antonio Silván, a que lea el siguiente informe (págs 4 y 5).

¿No hubiera sido mejor esperar a que se apruebe la Ley del Fuego en las Cortes de Castilla y León, negociada y sentadas sus bases por instituciones, sindicatos y profesionales del sector, brindando así al ciudadano las garantías necesarias de que se pueda prestar un servicio de calidad y pleno en sus funciones?

¿Qué intereses ocultos hay detrás de la aprobación, por desgracia, de la puesta en marcha de este modelo de gestión privada para un servicio público esencial como es el de Bomberos? No lo sabemos, pero no cejaremos en nuestro empeño de seguir luchando por la prestación de un servicio de calidad público para los ciudadanos de la provincia de León.